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Preocupación por celebración del 20 de Julio

Redacción: Anyi Aguilar
Publicado: Última actualización el

Según el alcalde Daniel Quintero, hay información que indica que el Eln y otros grupos ilegales podrían ejecutar acciones violentas en las ciudades capitales del país.

Frente a las amenazas por el riesgo de alteración de orden público durante las movilizaciones del próximo 20 de julio, las autoridades alistan los planes para contrarrestar los actos vandálicos. La fuerza pública no descarta que en las protestas se infiltren integrantes de grupos armados.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó su preocupación por la jornada de marchas previstas para este martes, 20 de julio. “El Gobierno Nacional nos ha alertado de que es algo serio y preocupante”.

En el caso de la capital antioqueña, señaló que las autoridades van a estar trabajando para garantizar el orden en la ciudad, en una fecha que cada año es crítica y riesgosa, no solo por las movilizaciones, sino por informaciones en el sentido de que “el Eln y otros grupos podrían querer manifestarse en este día con aciones violentas en las ciudades capitales. Medellín está enterada de esto, y la Policía Metropolitana está al frente para evitar que esto pueda ocurrir”.

Por su parte, el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que además del Eln, el Clan del Golfo también estaría financiando las acciones violentas durante las protestas, incluido la quema de vehículos y el bloqueo de vías.

A lo anterior se suman las declaraciones que un integrante de la Primera Línea le dio hace poco al portal La Silla Vacía, en las que indicó que el 20 de julio este grupo recibirá apoyo de “guerrillas urbanas” para armarse y “equilibrar” frente a la Policía, que les ha “boleado bala”.

Ante semejante panorama las autoridades están alerta. Diego Molano Aponte, ministro de Defensa, precisó que ya se tomaron unas decisiones que estarán vigentes este 20 de julio, Día de la Independencia, y durante 2 semanas más.

En total, se determinaron doce acciones para garantizar la seguridad en la protesta, entre ellas el despliegue de la fuerza pública y una recompensa de hasta 50 millones de pesos por quien informe sobre actos vandálicos o responsables de estos daños durante las marchas en el departamento.


 

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