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Corte negó nulidad por sistema procesal en caso Gaviria

Redacción: Anyi Aguilar

La Corte Suprema negó una petición de nulidad que presentó la defensa del Gobernador suspendido, Aníbal Gaviria, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción.

El fiscal delegado ante la Corte, en el marco de la Ley 600 de 2000, acusó a Gaviria Correa en marzo pasado como presunto coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en ocasión del mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta al Nordeste con el Bajo Cauca.

La sesión arrancó a las 8:30 a.m. La defensa de Gaviria, integrada por los abogados Camilo Sampedro Arrubla y Alfonso Cadavid Quintero, solicitó tiempo adicional para leer la decisión de la Sala sobre la petición de nulidad que interpuso en razón a la aplicación del sistema procesal, toda vez que la Fiscalía tramita el caso por la Ley 600 desde que inició la investigación en 2019.

Sin embargo, la corte expresó que no hay ninguna irregularidad en el sistema procesal escogido por la Fiscalía, y por ende, está bien el uso de la ley 600 de 2000 y no era necesaria la ley 906 de 2004, que era la que pedía el hoy procesado, por lo que aseguraron que Aníbal Gaviria no ha sufrido ninguna vulneración en el proceso.

En el proceso, la Corte Suprema, además de negar la nulidad, estableció cuáles de las pruebas que presentó la Fiscalía son válidas para el caso, y cuales no.

Ahora, la Corte Suprema deberá dictaminar si Gaviria sí es el coautor de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, imputados por la Fiscalía General de la Nación.

Sobre este caso, Gaviria emitió un comunicado en el que aseguró que no se investiga corrupción, sino errores en la contratación.

“En este proceso no se investigan actos de corrupción, ni detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obras inconclusas, la propia Fiscalía ha aceptado que se desatendieron principios de la contratación pública”


 

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