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Corte Suprema negó libertad de Aníbal Gaviria

Redacción: Anyi Aguilar

Una vez más, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que tomó sobre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de dejarlo bajo la medida de aseguramiento, por el caso que avanza en su contra.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión que el pasado 10 de junio tomó la Sala de Primera Instancia de ese alto tribunal, en la que determinó medida de aseguramiento dictada contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

La Corte aseguró que no existen pruebas ni elementos fácticos para revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020, por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

“El peculado por apropiación (…) el marco punitivo del delito parta de 3 años de prisión, por lo que «nada justificaría» la imposición de la detención preventiva, dado que el presupuesto establecido en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, donde se exige que la pena mínima sea de 4 años de prisión”, se lee en uno de los apartes de la petición del abogado.

Es importante recordar que la Corte ya había señalado anteriormente, en al menos tres oportunidades, que no existen pruebas ni elementos para revocar la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía desde junio de 2020.

“La defensa del mandatario regional no ha expuesto prueba alguna que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos”.

El mandatario ha sido detenido en dos oportunidades durante su gestión por unas irregularidades en un contrato firmado cuando fue mandatario de Antioquia en 2004.

El gobernador fue acusado por la Fiscalía por presuntamente haber cometido los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, tras una presunta irregularidad en el contrato 2005-CO-20-3351 para el mejoramiento y la pavimentación de la de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada-Caucasia, sector nuevo Oriente-Escarralao, firmado en diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de La Paz.

El tribunal aseveró que la defensa “expuso reproches ya resueltos” en el inicio de la causa penal, situación que considera ya debatida. En consecuencia, no accedió a la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Antioquia.

Lo que sigue es el debate de contrarios en el juicio, en el que las partes expondrán sus argumentos, testigos y evidencias.


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