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¿Qué esta pasando en el ministerio de las TIC?

Redacción: Anyi Aguilar

En diciembre el Ministerio TIC habría anunciado la adjudicación del contrato que llevaría internet gratuito a estudiantes y profesores de 14.745 escuelas y colegios públicos ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional por un valor de $2,1 billones de pesos.

Dicho anuncio había generado grandes expectativas para diversas firmas que pretendían hacer parte del llamado proyecto 10K de Mincomunicaciones. Inicialmente, sugerían que se adjudicara a una sola empresa, pero la ministra Karen Abudinen se empeñó en dividirlo en dos regiones y adjudicarlo a dos firmas distintas.

A dicha convocatoria se presentaron 10 firmas tras el fracaso de una primera convocatoria que estuvo rodeada de escándalos denunciados inicialmente por la emisora La W. Entre estos, se estableció que uno de los principales asesores de la ministra era socio de una de las firmas proponentes.

Así, el pasado 9 de diciembre de 2020, el proyecto fue adjudicado a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A y UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020.

Según el plan inicial, COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., sería ejecutor de la Región A del proyecto, que conectará 7.468 Centros Digitales en los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés por un valor de $1,06 billones.

Por su parte, UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020, sería ejecutor de la Región B del proyecto, conectando 7.277 Centros Digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Vichada por un valor de $1,07 billones.

Pero, ¿Qué pasa con esta segunda empresa?, ¿Quién es el consorcio Centros Poblados?. Pues bien, esta se trata de las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, representada legalmente por Jairo Antonio Múnera; ICM Ingenieros S.A.S, representada por Herles Rodrigo Ariza e Intec la Costa S.A.S., representada por Hugo Armando Canabal.

Dos de esas compañías, ICM Ingenieros e Intec la Costa S.A.S. tienen actualmente contratos con el Instituto Nacional de Vías, Invías, pero la participación de estas empresas en dichos contratos no puedo continuar debido a la inhabilidad que recayó sobre ellas. Por consecuente, ninguna de estas empresas tiene la más mínima experiencia en cuanto a conectividad.

Cabe recalcar el ex vicepresidente de la República, German Vargas Lleras, en su columna de opinión, denuncio que “Nos enteramos de que en el primer semestre de este año el Invías les adjudicó contratos a tres consorcios de los que hace parte ICM. El primero, a través del consorcio Vías Cauca para la construcción del tramo Altamira-Florencia por valor de $ 45.000 millones. A la fecha se ha ejecutado 13 %, ni siquiera una tercera parte del anticipo que alegremente se les entregó por casi $ 19.000 millones”.

Aquí volvemos con la pregunta que la ministra no ha logrado responder, ¿Por qué se le adjudicó el proyecto a una firma sin experiencia, entre otras firmas como ETB, BT Latam, Hughes, Entel, Eléctricas de Medellín, NET Colombia o Hispasat que si cumplen con los requerimientos establecidos?

Por medio de un documento que adquirió CM&, se reveló que la revisión y la aprobación de la póliza del banco Itaú para el contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías y el Consorcio Centros Poblados, para llevar internet a las zonas más apartadas, solo tardó 18 minutos.

Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.

Por otra parte, el banco, al momento de enterarse de la situación en la que se le involucraba, le notificó al MinTIC que no había expedido ningún documento de garantía y además precisó que daría noticia de esta situación a las autoridades penales.

Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados.

Contrato que ya caducó pero que sigue en el ojo público por un anticipo que alcanzó a entregar la entidad por 70.000 millones de pesos, dinero que según el gobierno ya se ha ido recuperando a través de los embargos que le hicieron a las empresas que conforman la UT.

¿Qué procede en dicho escandalo?

Toda esta polémica derivó en que congresistas llamaran a una moción de censura en contra de la ministra Abudinen argumentando que tiene una responsabilidad política por todas las irregularidades que se vienen destapando.

El debate se desarrolló durante gran parte del día 3 de septiembre y fue convocado por representantes a la Cámara de la oposición quienes pidieron a la mesa directiva poner en consideración una proposición para que la periodista Paola Herrera tuviera unos minutos y le contara al país lo que ha encontrado en sus investigaciones sobre este tema.

Pero, ¿Quién es Paola Herrera?. Poco se habla de la periodista que fue quien destapó el escándalo de corrupción que salpica a la ministra por el contrato que esa cartera le entregó a la Unión Temporal.

Proposición que efectivamente se votó y la mayoría de la Cámara estuvo a favor de dejar hablar a la comunicadora. Sin embargo, minutos antes, el representante León Fredy Muñoz, aseguró que desde el Ministerio del Interior estaban comunicándose por llamada con varios congresistas para que votaran la proposición de manera negativa y así impedir que Herrera tuviera un espacio en el debate.

La periodista contó que advirtieron antes de darse el contrato de MinTIC a la Unión Temporal Centros Poblados, sobre las irregularidades en las audiencias para adjudicar el contrato por dos billones de pesos.

“Desde diciembre, cuando se estaban llevando a cabo estas audiencias, una de las personas que trabajaba con la ministra en el despacho de ella como asesor, el señor Camilo Ernesto Valencia, también era parte de una de las empresas que querían ganarse este proceso.”

Aseguró que fue por ese detalle que se prendieron las alarmas y logró que se suspendiera el contrato que tenía Valencia con el Ministerio, pero siguió participando y siguió con otro contrato que tenía con las Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Señaló entonces que muchas empresas que participaban en la licitación tenían experiencia importante sobre conectividad incluso a nivel internacional pero también estaban otras que no cumplían con los requisitos financieros ni técnicos para llevar a cabo la tarea encargada por MinTIC.

“Advertimos eso en ese momento pero después dijo el ministerio que sí cumplían. Nosotros encontramos al hacer una radiografía de todas las empresas que de la Unión Temporal estaban participando cuatro empresas, tres de las cuales no contaban con ninguna experiencia en este tema y menos en este sector e incluso cambiaron sus razones sociales (…) la ministra nos dijo varias veces en entrevistas que no había ningún problema, que la experiencia digamos no era completamente necesaria y que ganaba el oferente que entregará más puntos rurales, más escuelas conectadas y más velocidad”.

La ministra, por su parte, aseguró ante la Plenaria de la Cámara que se debe reflexionar sobre los “entramados criminales” que quieren “atentar contra el Estado”. Abudinen señaló que el MinTIC fue víctima de un entramado: “Yo no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas”.

Frente a quienes le reprocharon por no haber tomado antes cartas en el asunto ante las advertencias que había, la funcionaria dijo que hubo denuncias “pero sin pruebas”. “La única prueba que tuvimos fueron los documentos falsos y de inmediato pusimos las denuncias”.

La suerte política de la ministra en el Congreso sigue confusa, mientras que la Cámara realizará la votación de la moción de censura el lunes 13 de septiembre, en el Senado no descartan presentar otra moción de censura en su contra.

Se espera que éste miércoles la presidente de la Cámara, Jeniffer Arias, anuncie formalmente la fecha de la votación de la censura, pero mientras eso sucede, en el Senado de la República, el senador verde Antonio Sanguino, ya empezó a recoger las firmas de apoyo para tramitar en la corporación una nueva moción de censura a Abudinen.

Incluso en los llamados corrillos del Congreso se dice con insistencia que la salida de la ministra de TIC es inminente, en particular porque políticamente está muy debilitada y sumado a la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría por el caso del controvertido contrato de la Unión Temporal Centros Poblados.

Por otro lado, este martes se conoció la renuncia de Adriana Meza Consuegra, secretaria general y de Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual de esa entidad.

Preliminarmente se conoció que la renuncia es irrevocable; sin embargo, se desconoce la fecha exacta en la que Meza Consuegra y Orjuela culminarán sus funciones en el Ministerio de las Tecnologías y la Información.

Tanto Meza como Orjuela fueron mencionadas en el debate de moción de censura contra la ministra Abudinen, por no haber tomado las precauciones necesarias para evitar que se perdieran 70 mil millones de pesos, que fueron entregados al contratista como anticipo, con garantías falsas.

Meza Consuegra es barranquillera y había trabajado en la Alcaldía de Barranquilla de Alex Char. Orjuela es bogotana pero también trabajó en asesoría jurídica a la Alcaldía Char, cuando Abudinen fue secretaria de Educación.

Las funcionarias estuvieron encargadas de la celebración del contrato entre el Ministerio y Centros Poblados. Contrato que fue caducado por orden de la ministra Karen Abudinen.

Por ultimo, es importante resaltar que el gobierno de Iván Duque se convierte en el que más debates de moción de censura ha enfrentado desde que se creó esta figura. Nueve debates en 36 meses de gobierno, es decir, en promedio, en esta administración cada cuatro meses un ministro se expone a perder su cargo a instancias del Congreso.

Entre 2014 y 2020, contando a la ministra Abudinen, se han hecho otros diez intentos de moción de censura: el exministro de Defensa Guillermo Botero (dos debates); el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla; la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y el fallecido exministro Carlos Holmes Trujillo (dos debates); el ministro de Defensa, Diego Molano (dos debates), y ahora la ministra de las TIC.

En todos los casos, durante las mociones de censura ocurridas en este gobierno, a excepción de Guillermo Botero (quien renunció antes de la votación), los ministros son respaldados por amplias mayorías en el Congreso, aunque han mostrado una oposición ‘envalentonada’ por el uso del Estatuto de Oposición, que se estrenó a partir de 2018.


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